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La CTERA participó de la multitudinaria movilización de los movimientos sociales.

La CTERA participó de la multitudinaria movilización de los movimientos sociales.

Roberto Baradel - Sec. General Adjunto de CTERA - participó de la multitudinaria marcha de los movimientos sociales en la Jornada Nacional de Lucha por Tierra, Techo y Trabajo.
Más de 200.000 personas frente al Ministerio de Desarrollo Social para exigir la convocatoria a la Paritaria Social para discutir el aumento del salario social y la sanción de leyes para los sectores populares

Buenos Aires, jueves 14 de febrero 2019

Evaluación a estudiantes y acreditación de los ISFD los dos movimientos de una misma operación orquestada para cerrar institutos

 

Al día siguiente de la operación fraudulenta llevada a cabo por el Ministro de Educación de la Nación

Finnochiaro en el marco de la reunión del CFE para aprobar la creación de la Comisión Nacional de

Evaluación y Acreditación de Institutos de Formación Docente (CONEAFOD), los medios de comunicación

que están al servicio del poder gobernante salieron rápidamente a denostar a la formación docente de

nuestro país, a través de la publicación de los resultados del operativo Enseñar 2017 aplicado a los

estudiantes de los Institutos de Formación Docente.

Tal como venimos denunciando desde CTERA, los operativos de evaluación “Enseñar” se instrumentan en el

marco de una política educativa neoliberal que impulsa el gobierno actual y que se caracteriza por la

mercantilización y la privatización educativa, el desfinanciamiento del sistema educativo, el cierre de

escuelas y de institutos de formación docente, de carreras, de cursos, entre otros. En este contexto, el

manejo de los datos, de los resultados y la utilización mediática y política de los mismos genera, como

mínimo, un manto de sospecha, ya que el uso de dichos resultados se ha convertido en el instrumento

fundamental para legitimar el achicamiento del sistema y el cierre de instituciones y para justificar la

“profecía autocumplida” del macrismo acerca del problema que significa “caer” en la escuela pública.

Para los medios oficialistas estos resultados constituyen la “verdad revelada de lo que sucede en todos los

institutos del país”. Cuando en realidad los resultados no pueden tomarse como representativos porque,

entre otras cosas:

Se basan en un diseño muestral distinto en cada jurisdicción del país. Mientras en algunas

provincia el operativo fue censal, en otras fue aleatorio; con la llamativa particularidad de que en

provincias que gobierna “Cambiemos” o son oficialistas (CABA, Provincia de Buenos Aires, Córdoba),

la muestra fue intencional; o sea que la jurisdicción propuso a los institutos que iban a ser

evaluados. De esta forma quedó configurada una muestra no representativa, con un nivel de

participación jurisdiccional muy desigual (por ejemplo, Neuquén no participó). Del total país (1.344

Institutos que brindan Formación Docente según el Anuario 2017), sólo participaron 464 Institutos;

es decir, que el porcentaje de participación sólo alcanzó al 35%.

Esconden los bajos niveles de participación del estudiantado. Participaron del operativo 11.941

estudiantes del último año. Si se tiene en cuenta que los egresados de la formación docente en 2016

-último dato disponible- ascienden a 50 mil, apenas representa el 24% de los estudiantes que

egresan. Los niveles de participación son muy bajos y dan cuenta de la escasa legitimidad que tiene

el instrumento como evaluación diagnóstica. Por ejemplo, en CABA, la participación de estudiantes

de Institutos de gestión estatal fue tan solo del 25%, el mismo porcentaje en Río Negro. En Mendoza,

donde expresan que participó el 100% de las instituciones (provincia bajo la modalidad censal), los

estudiantes participantes son 656. Este valor representa sólo el 31% del total de egresados de la

formación docente.

1 Documento elaborado por la Secretaria de Educación, Equipo “Evaluación Educativa”: Liliana Pascual, Luz Albergucci y Miguel Duhalde.

 

Secretaría de Educación

Instituto de Investigaciones Pedagógicas “Marina Vilte”

Se basan en una evaluación normativa. Este tipo de evaluación normativa es la que había

caracterizado a los ONE en los 90, siendo reemplazada a partir del 2005 por una evaluación criterial.

En la evaluación criterial se evalúa el avance del alumno hacia el objetivo propuesto y la distancia

que lo separa de él. Las funciones que cumple este tipo de evaluación son: establecer un balance

con los objetivos propuestos, y realizar un diagnóstico de las dificultades, conceptos que nos remiten

en mayor medida a los fundamentos de la evaluación formativa. Por el contrario, la evaluación

normativa compara el lugar que ocupa cada alumno, según su rendimiento, en relación con sus

compañeros o con una escala. Se reduce a una medida de desempeño en relación al conjunto

evaluado y puede dar resultados diferentes si es otro el universo de estudiantes evaluados.

La misma responsable de toda esta operación, Elena Duro, dice en el informe: “En tanto estudio

exploratorio, es importante señalar que las conclusiones de este informe sólo pueden entenderse y asumirse

para la población que rindió efectivamente la evaluación, y no son extrapolables al conjunto de personas de

todo el país que se encontraba en una situación similar”. Sin embargo, obviando esta confesión, los medios

presentaron los resultados a la opinión pública como si fueran válidos para todo el sistema formador.

Incluso, de manera sesgada salieron a decir que “el 40% de los nuevos docentes tienen dificultades en

lectura y escritura”. También podrían haber presentado la información diciendo que el 60% no tiene esas

dificultades, entre los cuales el 40% está por encima de lo esperado y un 20% dentro del promedio. Pero la

información que había que dar es que los Institutos forman malos docente ergo, hay que cerrarlos.

Desde CTERA nos preguntamos entonces sobre la validez y confiabilidad de estos datos que son presentados

de manera sesgada y que están atados a la conformación de un universo no representativo. Evidentemente,

estas decisiones sólo expresan la clara voluntad de desprestigiar a la docencia, establecer rankings de

escuelas e institutos, y así justificar el ajuste y la mercantilización de la educación pública.

A todo esto hay que sumarle que a los docentes y directivos sólo se los convoca a la participación en las

instancias instrumentales y de aplicación; cuando la evaluación, sus objetivos, propósitos y formas de

instrumentación ya estaban decididas de antemano, con lo cual los docentes quedan afuera de la decisión

de aspectos fundamentales del proceso evaluativo.

Por todo esto, desde CTERA expresamos no sólo nuestro rechazo al uso mal intencionado de los resultados

de los operativos de evaluación sino que también denunciamos el uso político de la información educativa,

buscando el momento en el que presentan datos que puedan autojustificar las políticas de vaciamiento y

destrucción de la educación pública que este gobierno viene llevando adelante desde su misma asunción.

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2018

 

“Estado de sitio” para la Educación Pública: Consecuencias a tres años de políticas neoliberales en la Argentina

“Estado de sitio” para la Educación Pública: Consecuencias a tres años de políticas neoliberales en la Argentina

Para la Revista Motor Economico "Motor de Ideas"

Por Sonia Alesso y Miguel Duhalde – CTERA
“Estado de sitio” para la Educación Pública: Consecuencias a tres años de políticas neoliberales en la Argentina
Con las declaraciones de la Ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, Soledad Acuña, quien dijo hoy en entrevista radial que "los docentes tienen menos prestigio que algunas personas que bailan en la tele”; cuando también en la Ciudad de Buenos Aires cierran escuelas nocturnas y Profesorados e Institutos Docentes y en la provincia de la gobernadora María Eugenia Vidal aún no se cerró la paritaria 2018 y persiguen a lxs docentes que hicieron huelga, nos pareció importante compartir la nota que, para Motor de Ideas 8: #TresAñosNeoliberales, realizara la conducción de CTERA (Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina).
La Revista Digital salió hoy y ya la estamos distribuyendo entre nuestrxs seguidorxs.
(Por Sonia Alesso y Miguel Duhalde – CTERA (Especial para Motor de Ideas)) La situación política, económica y el contexto social de la Argentina actual nos llevan precipitadamente a comparar y a equiparar lo que acontece hoy con los años ´90. Sin embargo, esta comparación que hacemos re-quiere también establecer algunas diferencias, especialmente en lo referido al rol del Estado. En los años ´90 se produjo, entre otras cosas, un achicamiento del Estado, se privatizaron las empre-sas nacionales y se dejó en manos del sector privado empresarial la provisión de los diferentes servicios. En cambio, con la llegada al gobierno de la “Alianza Cambiemos”, el Estado fue tomado y cooptado por los empresarios en primera persona, para redefinirlo como un Estado mediador y facilitador de los negocios que hoy pueden concretar quienes están de los dos lados del mostra-dor: los funcionarios de gobierno y los CEOs de las empresas que son los mismos sujetos, familias y “sociedades anónimas”.
A tres años de esta reconfiguración de la política pública en manos a la Alianza gobernante de “Cambiemos”, podemos decir que transitamos un proceso de “restauración conservadora” que, en lo económico, se ve reflejado en un salvaje ajuste neoliberal y, en lo político, se manifiesta en la pérdida de derechos sociales para los sectores populares y el incremento de los privilegios para los “ricos”, con la consecuente profundización de las desigualdades.
Desde el punto de vista económico, basta con analizar el proyecto de presupuesto para el 2019 presentado por el gobierno nacional para tener un panorama general del ajuste que se está lle-vando a cabo en estos años, tanto en los indicadores macroeconómicos como en los recursos ne-cesarios para la sustentabilidad de las políticas educativas.
En el año 2018 el Producto Bruto Interno (PBI) disminuirá en términos reales un 2,4 por ciento (siendo que en el presupuesto 2018 se había previsto un crecimiento 3,5 por ciento). Para el 2019 se espera otra caída de 0,5 por ciento del PBI, aunque el FMI ya anticipó que la recesión será mu-cho mayor. En síntesis, este gobierno finalizará su mandato con un PBI inferior en un 2 por ciento respecto al año 2015. Recordemos que la Ley de Financiamiento Educativo de 2005 exige el cum-plimiento de un 6 por ciento del PBI para la inversión educativa; lo que significa que ese 6 por ciento será calculado sobre una base inferior a la del inicio del mandato macrista, a lo que hay que agregar que este gobierno en 2017 ya dejó de cumplir la meta del 6 por ciento.
El fracaso de la política antiinflacionaria es el otro indicador que afecta especialmente a los secto-res populares. Para 2018 la inflación se calcula en más del 45 por ciento, cuando inicialmente en el presupuesto respectivo se había previsto que sería de entre el 8 y el 12 por ciento. En un contexto donde no se ha convocado a la Paritaria Nacional Docente, a pesar del insistente reclamo de la CTERA desde el año 2017, la pérdida del poder adquisitivo para el sector docente, en promedio, será del 10 al 15 por ciento en el período de referencia.
Por otro lado, durante los primeros años de gestión, el actual gobierno impulsó una política de endeudamiento externo compulsivo y el retorno del FMI, lo que implicó sustituir abruptamente las prioridades del presupuesto para destinar recursos al pago de intereses de la deuda. Consecuen-temente, se ajusta el gasto primario poniendo techos a las paritarias, paralizando la obra pública, disminuyendo el presupuesto destinado a las políticas públicas de educación, cultura y ciencia. Estas medidas han llevado a cambiar la tendencia creciente en la inversión en Educación y Cultura que se había manifestado entre 2007-2015. Para 2019 se plantea profundizar el proceso de desfi-nanciamiento del sector educativo, bajando la inversión en estas áreas a 1,25 por ciento; el nivel de inversión más bajo en una década. Los programas con las caídas presupuestarias más fuertes son el de Infraestructura y Equipamiento (-77 por ciento en términos reales), el Plan Nacional de Educación Digital -ex Conectar Igualdad- (-81 por ciento con referencia a 2015) y el programa de construcción de Jardines de Infantes (-68,4 por ciento). Curiosamente, la construcción de 3000 Jardines de infantes fue una propuesta electoral de la “Alianza Cambiemos” durante la campaña de 2015. También sufren recortes muy importantes en términos reales las políticas socioeducati-vas (-60,2 por ciento), la educación técnica profesional (una caída real de -45 por ciento con res-pecto a 2015) y las políticas de Formación Docente (-36,3 por ciento).
Esta política de desfinanciamiento no se inicia a partir del reciente acuerdo del gobierno con el FMI, pues desde el año 2016 ya se viene transitando al camino de ajuste que ha llevado que el presupuesto destinado al sector educativo para 2019 sea 42,3 por ciento inferior en términos re-ales con respecto al de 2015. Los únicos rubros que no muestran una caída en ese lapso son el Programa de Información y Evaluación de la Calidad Educativa, donde se definen las acciones des-tinadas a implementar mecanismos de evaluación estandarizada.
Si comparamos los rubros de “Formación Docente” (FD) y “Evaluación Educativa” (EE), durante la gestión macrista se observa que mientras la primera (FD) disminuye un 65 por ciento, la segunda (EE) se incrementa en 140 por ciento para todo el período de referencia, respectivamente. Tal como presentábamos al inicio de esta nota, la restauración conservadora también se manifiesta a través de la instauración de un programa político-pedagógico que está en consonancia con las políticas de vulneración de derechos sociales que el macrismo comenzó a desplegar desde su lle-gada al gobierno.
Basados en los preceptos de la “despolitización de los procesos educativos”, plantean que la edu-cación es la que puede resolver todos los problemas. Atados a la lógica del Banco Mundial se des-ligan de la responsabilidad del Estado en tanto garante de condiciones materiales para combatir la pobreza y creen que sólo la educación puede resolver este flagelo.
En estos últimos años la OCDE pasó a ser el referente pedagógico que impone, a través de las pruebas PISA, un currículum global, que centra el proceso educativo en los aprendizajes, los ren-dimientos y resultados. Hay un desplazamiento de los problemas pedagógicos hacia las concep-ciones extranjerizantes de la educación, basados en modelos neocoloniales de dominación y de-pendencia, poniendo a Finlandia, Shangai o Singapur como referentes a seguir.
La pedagogía neoconservadora naturaliza las condiciones de desigualdad y plantea un ideal de “igualdad de oportunidades”, poniendo el foco en los individuos, la meritocracia, las capacidades personales, el emprendedurismo y las competencias, enfatizando, además, en una “pedagogía emocional” y en la aplicación acrítica de las neurociencia en el campo educativo, desde la que se plantea que el problema no son las condiciones sociales sino “el cerebro” de los estudiantes y el “capital mental”.
Asimismo, la restauración conservadora ha intentado deslegitimar sistemáticamente el trabajo de las/os maestros y profesores/as, atacando especialmente a los sindicatos docentes, negado, entre otros ardides, su participación en las discusiones para la definición de las políticas públicas en educación, privilegiando como los nuevos interlocutores a los grupos empresariales, ONGs, fundaciones y/o economistas.
El avance de las tendencias privatizadoras endógena y exógena de la educación han encontrado un campo propicio en la Argentina a partir de la llegada al Gobierno de la Alianza “Cambiemos”. Un proceso basado en el sostenido intento de destrucción de la educación pública que se com-plementa con las políticas que habilitan la introducción de los valores del sector privado y del mercado en la esfera de “lo público”.
A tres años de restauración conservadora, la CTERA plantea la necesidad de derrotar, en las calles y en las urnas, este proyecto de exclusión y desigualdad social, para poder llevar a cabo un verda-dero proyecto pedagógico y político que habilite una pedagogía de la emancipación y la esperanza para nuestro pueblo.
• Sonia Alesso, Secretaria General CTERA
• Miguel Duhalde, Secretario de Educación CTERA

CTERA repudia la decisión del Gobierno de desfinanciar al Equipo Argentino de Antropología Forense

¡Otro ajuste vergonzoso!

CTERA repudia la decisión del Gobierno de desfinanciar al Equipo Argentino de Antropología Forense que hace 34 años colabora con la investigación de causas trascendentales como la muerte de Santiago Maldonado, el atentado de la AMIA y la recuperación e identificación de las víctimas de la dictadura, entre otras.
Este es un nuevo ajuste que tiende a desmembrar todas las políticas públicas que buscan Memoria, Verdad y Justicia.

Buenos Aires, viernes 21 de diciembre de 2018

Sonia Alesso
Secretaria General
Rogelio De Leonardi
Sec. Derechos Humanos