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Columna Editorial. Abril 2020

Columna Editorial. Abril 2020

DERECHO, SERVICIO O MERCANCÍA

La actual Ley de Educación Nacional, vigente desde el año 2006, entre sus principales preceptos define que la educación es un "derecho".  

Una definición que la CTERA ya venía proclamando desde su propia declaración fundacional de Huerta Grande y que sostuvo en todas sus luchas hasta el presente y que seguirá sosteniendo hacia el provenir. “La Educación es un derecho de todo el Pueblo y por lo tanto, constituye un deber y una función imprescriptible e indelegable del Estado que responderá a las necesidades individuales y sociales...”. (Huerta Grande, 1973)

En las últimas décadas estas definiciones acerca del derecho social a la educación no transitaron, por decirlo de alguna manera, “sueltas de cuerpo” por el debate público, sino que, por el contrario, confrontaron con los bloques históricos que han sostenido la idea de la educación como un servicio, una mercancía o, incluso, como un “privilegio”, tal como en los últimos años lo han expresado los sectores reaccionarios.

En el contexto actual, donde la vida cotidiana se ha trastocado y conmovido por la crisis sanitaria que provoca la pandemia del coronavirus, parecen resurgir ciertos supuestos básicos subyacentes -o no “tan subyacentes”-, acerca del derecho a la educación, el servicio de la educación o el comercio con la educación.

Vale repasar algunas de las noticias publicadas recientemente en los medios hegemónicos para notar cómo se le ha dado un lugar de llamativa importancia a la decisión tomada por algunas familias que han dejado o van a dejar de pagar el colegio “porque ya sus hijos no están yendo a clases”.

Más allá de no reconocer que “las clases” continúan con otras modalidades que se recrean por la cuarentena y el aislamiento social que rige en el país, lo que en el fondo subyace es que estas familias (y/o lo medios que interpretan a estas familias) están dando por “natural” que la educación se pague en cuotas y que, con la misma “naturalidad”, se deje de pagar cuando ese servicio se corta; como el cable o la internet, por ejemplo, que los usuarios dejan de pagar cuando dicho servicio “se corta”.

Un padre, al respecto, expresa: "Toda la situación nos genera mucha incertidumbre. Tampoco estamos convencidos de que Bartolomé vuelva al jardín cuando finalmente se retomen las clases. Para nosotros no tiene mucho sentido seguir pagando la cuota. Por eso le mandamos un mail al colegio para informarles que tomamos la decisión de darle de baja a Bartolomé". (Diario La Nación)

La operación para instalar esta idea no se da en cualquier momento, sino que se produce en el preciso instante en el que el bloque histórico conservador está dando una fuerte batalla por imponer la mirada economicista basada en la idea de que la economía (léase entre líneas, “el interés empresarial”) tiene que prevalecer y estar por encima de cualquier crisis, incluso de las crisis que ponen en serio riesgo la salud y la vida de la población.

Esta batalla siempre estuvo latente, pero ahora la reacción se activó cuando se le empezó a pedir un mayor esfuerzo a este sector. La simple frase: “no pedimos que pierdan, simplemente que ganen un poco menos”, provocó “a la” reacción y “la” reacción fue apelar a las prácticas de disciplinamiento que este bloque siempre tiene a mano. El ejemplo paradigmático, decía Hugo Yasky en esta misma semana, “fue el despido de 1.450 trabajadores de Techint, la empresa de Paolo Rocca, el hombre más rico de la Argentina, cuyas ganancias anuales superan los 400 millones de dólares”.

En este nuevo escenario se reaviva la discusión por el sentido de la educación como derecho, servicio, mercancía e, incluso, como privilegio. Y fueron las y los trabajadores de la educación privada organizados gremialmente quienes también salieron a declarar que “en este período de excepción, el Gobierno nacional ha defendido firmemente tres ejes esenciales de la política de Estado: la centralidad de la salud pública, la protección integral del trabajo y la continuidad del proceso de enseñanza aprendizaje de manera no presencial, atento a que la Educación es ante todo un bien social y por lo tanto un derecho humano individual y colectivo, que debe ser garantizado”. 

Estos mismo compañeros/as, por estar en el sector privado, también ven peligrar su situación laboral y alertan por los despidos y la pérdida de fuentes laborales, y, al respecto, los docentes de SADOP, en su declaración, además le “recuerdan” al empresariado que hoy hay un andamiaje jurídico para proteger al trabajo, asegurando que “en esta situación de emergencia no se puede hacer perder los puestos de trabajo, ya que el desempleo conlleva a la marginalidad de la población”.

En definitiva, “ante las nuevas enfermedades globales, pánicos sociales y recesiones económicas, solo el Estado tiene capacidad organizativa y la legitimidad social como para poder defender a los ciudadanos”, decía Álvaro García Linera hace unos días, en su conferencia inaugural del ciclo académico de las carreras de Sociología y Antropología de la Universidad Nacional de San Martín.

Para “defender a la ciudadanía” como aquí se plantea, la educación tiene que ser entendida y ejercida como un derecho social y de ninguna otra manera; mal que le pese a la reacción.

Miguel Duhalde

Sec. Educación - CTERA