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INFORME Nº7: CONDICIONES PARA DEMOCRATIZAR EL ACCESO A LA ESCUELA SECUNDARIA OBLIGATORIA

Informe elaborado por María Dolores Abal Medina, Andrea Núñez y Ricardo Donaire (Área de Informaciones y Estadísticas del Instituto de Investigaciones Pedagógicas Marina Vilte de la CTERA), con la colaboración de Juan Balduzzi, y la coordinación de Silvia Andrea Vázquez.

Informe elaborado por María Dolores Abal Medina, Andrea Núñez y Ricardo Donaire (Área de Informaciones y Estadísticas del Instituto de Investigaciones Pedagógicas Marina Vilte de la CTERA), con la colaboración de Juan Balduzzi, y la coordinación de Silvia Andrea Vázquez.

El presente informe intenta generar elementos de análisis que permitan dimensionar los requerimientos básicos que el Estado debe aportar para garantizar la democratización del acceso a la educación secundaria. Este tema resulta hoy más relevante en tanto que el año 2006 se estableció la obligatoriedad de la enseñanza  secundaria, con la nueva Ley Nacional de Educación. Esta es una medida que veníamos impulsando hace varios años desde CTERA, entendiendo que la universalización de la escolaridad secundaria constituye un elemento fundamental para la democratización de la sociedad.

Hemos planteando en diversas oportunidades  que no sólo se trata de universalizar la escuela secundaria actualmente existente, sino de elaborar un conjunto de políticas para transformarla. Para esto resulta imprescindible reflexionar críticamente sobre el proyecto de sociedad, de enseñanza, los conocimientos, los vínculos, las normas explícitas e implícitas, la organización del trabajo docente, los espacios, los tiempos, los recursos, etc. Es decir, construyendo un proceso educativo que permita reinventar desde las prácticas el sentido político de la educación secundaria, actualizando las respuestas de “para qué” transitarla, disputando el mandato selectivo que caracterizó históricamente a este nivel, y recuperando la capacidad de convocar a las y los adolescentes y jóvenes a habitarla. Si bien este análisis excede ampliamente los límites de este informe, consideramos necesario explicitar que hay muchas otras dimensiones que requieren ser abordadas para que la universalización de este nivel educativo realmente sea posible y tenga un sentido democratizador.

Constituye un desafío hacer realidad el enunciado de “la educación secundaria es obligatoria”. En la actualidad sabemos que buena parte de los adolescentes y jóvenes no concurren a la escuela. Una parte importante de esos jóvenes pertenece a los sectores más pobres de la población . En un informe  elaborado a partir de datos del Censo Nacional de Población del 2001, observamos que alrededor de un tercio (un 33%) de las y los jóvenes y adolescentes entre los 13 y los 18 años no concurrían a la escuela secundaria. Y que la mitad  (un 50%) de los adolescentes y jóvenes, no llegaban a terminar dicho nivel. No existen elementos que nos permitan pensar que la situación se haya modificado en lo sustancial en los años transcurridos desde el 2001 hasta la actualidad.

Recuperando aprendizajes de nuestra historia, si hacemos un paralelismo con el desarrollo de la educación primaria, podemos ver que, aunque la obligatoriedad de la misma se sancionó en 1884 (Ley 1420), no fue hasta medio siglo después que la mayor parte de la población de 6 a 13 años pudo acceder a la escolarización. Mientras que en 1914 un 48% de ese grupo estaba escolarizado, en 1931 esa proporción llegó hasta el 73%. La expansión continuó pero en forma más gradual, llegando a un 75% en 1943, al 79% en 1960, al 84% en 1970, al 86% en 1980 y al 88% en 1991 . Para el año 2001 la proporción escolarizada en el nivel primario (según la definición del nivel vigente hasta 1994) era del 98% para la población de 6 a 12 años .
Sin dejar de considerar el  impulso que la ley 1420 dio a la enseñanza primaria, es evidente que la sola sanción de una ley no basta para asegurar la expansión del sistema escolar. Para lograr un acceso universal a la educación es necesaria la confluencia de un conjunto de transformaciones económicas, sociales y culturales materializadas en políticas concretas, realizando todas las previsiones necesarias con el objetivo de facilitar el ingreso, y el reingreso de aquellos que no están, así como garantizar el tránsito y la terminalidad del nivel. De lo contrario, puede sancionarse la norma, pero ésta no pasará de las buenas intenciones, que, como dice un conocido dicho, tapizan el camino del infierno.

Por esto recordamos que para lograr que efectivamente se democratice el acceso a la educación secundaria, sin duda será necesario continuar luchando para transformar el modelo de desarrollo, de sociedad y de educación que tenemos, así como seguir reclamando para que el Estado tome las medidas para garantizar la condiciones necesarias para que las y los adolescentes y jóvenes puedan y quieran apropiarse de la educación secundaria. Obviamente, para esto, uno de los requisitos imprescindibles es que se amplíe la cantidad de vacantes y puestos de trabajo docente para este nivel. En este informe nos enfocaremos en la primer problemática preguntándonos ¿cuántas vacantes, secciones y unidades educativas se necesitan para que todas y todos los jóvenes y adolescentes puedan asistir a la educación secundaria?.

Partimos de analizar las vacantes necesarias para que las y los niños que están cursando el nivel primario tengan la posibilidad de continuar estudiando en la educación secundaria, tal como está actualmente. Cabe aclarar que dicho análisis parte de formular una hipótesis de trabajo que utiliza como fuente de datos la información oficial disponible en la materia, a partir de la cual no es posible trabajar sobre el número de edificios necesarios. Es decir, trabajamos con la diferencia entre la matricula existente en los 6 primeros años de educación primaria y en los 6 años siguientes, a partir de la cual calculamos las vacantes necesarias para el segundo tramo educativo. Luego por cada conjunto de 25 vacantes consideramos que se necesita al menos una nueva sección, y por cada 500 vacantes faltantes que es necesaria, como mínimo, una nueva unidad educativa.
Finalmente se especifica el detalle de las formulas utilizadas para realizar los cálculos en el anexo metodológico.

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