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Evaluación a estudiantes y acreditación de los ISFD los dos movimientos de una misma operación orquestada para cerrar institutos

 

Al día siguiente de la operación fraudulenta llevada a cabo por el Ministro de Educación de la Nación

Finnochiaro en el marco de la reunión del CFE para aprobar la creación de la Comisión Nacional de

Evaluación y Acreditación de Institutos de Formación Docente (CONEAFOD), los medios de comunicación

que están al servicio del poder gobernante salieron rápidamente a denostar a la formación docente de

nuestro país, a través de la publicación de los resultados del operativo Enseñar 2017 aplicado a los

estudiantes de los Institutos de Formación Docente.

Tal como venimos denunciando desde CTERA, los operativos de evaluación “Enseñar” se instrumentan en el

marco de una política educativa neoliberal que impulsa el gobierno actual y que se caracteriza por la

mercantilización y la privatización educativa, el desfinanciamiento del sistema educativo, el cierre de

escuelas y de institutos de formación docente, de carreras, de cursos, entre otros. En este contexto, el

manejo de los datos, de los resultados y la utilización mediática y política de los mismos genera, como

mínimo, un manto de sospecha, ya que el uso de dichos resultados se ha convertido en el instrumento

fundamental para legitimar el achicamiento del sistema y el cierre de instituciones y para justificar la

“profecía autocumplida” del macrismo acerca del problema que significa “caer” en la escuela pública.

Para los medios oficialistas estos resultados constituyen la “verdad revelada de lo que sucede en todos los

institutos del país”. Cuando en realidad los resultados no pueden tomarse como representativos porque,

entre otras cosas:

Se basan en un diseño muestral distinto en cada jurisdicción del país. Mientras en algunas

provincia el operativo fue censal, en otras fue aleatorio; con la llamativa particularidad de que en

provincias que gobierna “Cambiemos” o son oficialistas (CABA, Provincia de Buenos Aires, Córdoba),

la muestra fue intencional; o sea que la jurisdicción propuso a los institutos que iban a ser

evaluados. De esta forma quedó configurada una muestra no representativa, con un nivel de

participación jurisdiccional muy desigual (por ejemplo, Neuquén no participó). Del total país (1.344

Institutos que brindan Formación Docente según el Anuario 2017), sólo participaron 464 Institutos;

es decir, que el porcentaje de participación sólo alcanzó al 35%.

Esconden los bajos niveles de participación del estudiantado. Participaron del operativo 11.941

estudiantes del último año. Si se tiene en cuenta que los egresados de la formación docente en 2016

-último dato disponible- ascienden a 50 mil, apenas representa el 24% de los estudiantes que

egresan. Los niveles de participación son muy bajos y dan cuenta de la escasa legitimidad que tiene

el instrumento como evaluación diagnóstica. Por ejemplo, en CABA, la participación de estudiantes

de Institutos de gestión estatal fue tan solo del 25%, el mismo porcentaje en Río Negro. En Mendoza,

donde expresan que participó el 100% de las instituciones (provincia bajo la modalidad censal), los

estudiantes participantes son 656. Este valor representa sólo el 31% del total de egresados de la

formación docente.

1 Documento elaborado por la Secretaria de Educación, Equipo “Evaluación Educativa”: Liliana Pascual, Luz Albergucci y Miguel Duhalde.

 

Secretaría de Educación

Instituto de Investigaciones Pedagógicas “Marina Vilte”

Se basan en una evaluación normativa. Este tipo de evaluación normativa es la que había

caracterizado a los ONE en los 90, siendo reemplazada a partir del 2005 por una evaluación criterial.

En la evaluación criterial se evalúa el avance del alumno hacia el objetivo propuesto y la distancia

que lo separa de él. Las funciones que cumple este tipo de evaluación son: establecer un balance

con los objetivos propuestos, y realizar un diagnóstico de las dificultades, conceptos que nos remiten

en mayor medida a los fundamentos de la evaluación formativa. Por el contrario, la evaluación

normativa compara el lugar que ocupa cada alumno, según su rendimiento, en relación con sus

compañeros o con una escala. Se reduce a una medida de desempeño en relación al conjunto

evaluado y puede dar resultados diferentes si es otro el universo de estudiantes evaluados.

La misma responsable de toda esta operación, Elena Duro, dice en el informe: “En tanto estudio

exploratorio, es importante señalar que las conclusiones de este informe sólo pueden entenderse y asumirse

para la población que rindió efectivamente la evaluación, y no son extrapolables al conjunto de personas de

todo el país que se encontraba en una situación similar”. Sin embargo, obviando esta confesión, los medios

presentaron los resultados a la opinión pública como si fueran válidos para todo el sistema formador.

Incluso, de manera sesgada salieron a decir que “el 40% de los nuevos docentes tienen dificultades en

lectura y escritura”. También podrían haber presentado la información diciendo que el 60% no tiene esas

dificultades, entre los cuales el 40% está por encima de lo esperado y un 20% dentro del promedio. Pero la

información que había que dar es que los Institutos forman malos docente ergo, hay que cerrarlos.

Desde CTERA nos preguntamos entonces sobre la validez y confiabilidad de estos datos que son presentados

de manera sesgada y que están atados a la conformación de un universo no representativo. Evidentemente,

estas decisiones sólo expresan la clara voluntad de desprestigiar a la docencia, establecer rankings de

escuelas e institutos, y así justificar el ajuste y la mercantilización de la educación pública.

A todo esto hay que sumarle que a los docentes y directivos sólo se los convoca a la participación en las

instancias instrumentales y de aplicación; cuando la evaluación, sus objetivos, propósitos y formas de

instrumentación ya estaban decididas de antemano, con lo cual los docentes quedan afuera de la decisión

de aspectos fundamentales del proceso evaluativo.

Por todo esto, desde CTERA expresamos no sólo nuestro rechazo al uso mal intencionado de los resultados

de los operativos de evaluación sino que también denunciamos el uso político de la información educativa,

buscando el momento en el que presentan datos que puedan autojustificar las políticas de vaciamiento y

destrucción de la educación pública que este gobierno viene llevando adelante desde su misma asunción.

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2018

 

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CTERA rechaza la “Acreditación” de los Institutos de Formación Docente que quiere llevar a cabo el Gobierno Nacional

Desde la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina manifestamos nuestro más enérgico repudio frente a la estrategia de achique y ajuste permanente sobre la formación docente que lleva adelante el Gobierno Nacional desde su asunción, y que hoy se ve reflejada en un nuevo intento de volver a instituir los procesos de “acreditación” de los Institutos como en los años ´90; esta vez, a través de la creación de una “Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación de Institutos de Formación Docente (CONEAFOD).

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“El Estado oficia de mediador entre educación pública y privados” Entrevista a Miguel Duhalde sobre La Privatización de la Educación en Argentina

“El Estado oficia de mediador entre educación pública y privados”

Una investigación de Ctera explica cómo en los últimos años el Estado nacional ha estrechado su vínculo con grandes empresas para engordar sus bolsillos a través del diseño y puesta en práctica de políticas educativas que fomentan valores como meritocracia, emprendedurismo y competencia. Entrevista con uno de sus autores: Miguel Duhalde.

En el libro “La privatización educativa en Argentina”, investigadores del gremio de trabajadores de la educación Ctera detallan los múltiples procesos de avance de una política educativa que definen como “meritocrática, mercantilista y privatizadora” instalada por el gobierno de Mauricio Macri desde que asumió en 2015, como un plan para ampliar los negocios de grandes corporaciones en el ámbito del sistema público.

La investigación apunta a describir cómo se produce el proceso de ingreso de privados en la educación y cómo eso se relaciona con el actual estado de deterioro del sistema educativo argentino. La ampliación de esos convenios y el pago de subsidios del Estado con importantes firmas en los últimos años para profundizar sus ganancias en los negocios de las evaluaciones y la formación docente -entre otros- va de la mano con el achique del presupuesto educativo para el año próximo y la subejecución presupuestaria, advierten los autores.

El trabajo se enmarca en un proyecto mundial que coordina la Internacional de la Educación, que también lo ha aplicado en otros países como Brasil, Chile, Perú, Uruguay y Colombia, con el objetivo de ponerle un freno al embate de los privados.

En diálogo con Contexto, Miguel Duhalde, autor de la publicación y secretario de Educación de Ctera, dio detalles sobre los datos relevados. Del equipo de trabajo también participaron la doctora en Educación Adriana Puiggrós, las investigadoras Susan Lee Robertson (Universidad de Cambridge) y Myriam Feldfeber (UBA).

-¿Cuáles fueron los principales factores que encontraron que explican el avance de los privados en la educación?

-La privatización data de mucho tiempo en Argentina pero en los últimos años se evidencia de distintas maneras. El dato tradicional es la matrícula de las escuelas privadas, pero lo que observamos es que la privatización tiene muchas formas de manifestarse. Una de ella son los subsidios que aporta el Estado al sector privado, y ese sector no son solo las escuelas privadas, además subsidia empresas, fundaciones y ONGs que hacen distintos negocios de acuerdos y convenios con el Estado.

-¿Cuáles son aquellas corporaciones que, a través del sus fundaciones y ONGs, hacen convenios con el Estado?

-Algunas se visibilizan más que otras. La más conocida es Varkey, una fundación que opera a nivel mundial y en Argentina desde 2016. Es la que entrega un millón de dólares al mejor docente del año. También realiza formación para equipos directivos. Tanto Varkey como Educar 2050 participan continuamente como interlocutoras privilegiadas por este gobierno para definir política educativa. Hay una gran cantidad de fundaciones que reciben el aporte de empresas como JP Morgan, Banco Galicia, HSBC, Techint, Coca-Cola, Natura, que sostienen estas organizaciones que tienen convenios con el gobierno. En la investigación describimos en qué consiste cada uno de esos acuerdos.

“HAY UNA GRAN CANTIDAD DE FUNDACIONES QUE RECIBEN EL APORTE DE EMPRESAS COMO JP-MORGAN, BANCO GALICIA, HSBC, TECHINT, COCA-COLA, NATURA, QUE SOSTIENEN ESTAS ORGANIZACIONES QUE TIENEN CONVENIOS CON EL GOBIERNO”.

-¿Cómo funciona esa relación entre Estado y empresas y qué concepción de la educación pública tiene el gobierno para impulsarla?

-Cuando empezamos la investigación, el supuesto era decir que el papel del Estado era muy similar al de los noventa. Pero profundizando en los datos que fuimos obteniendo, en realidad hay una diferencia muy importante porque en los noventa si bien hubo un ajuste en los presupuestos achicados para educación, ahora el Estado no se retira, sino que oficia de mediador entre el desarrollo de las políticas educativas y los intereses de las empresas. Los funcionarios del actual gobierno están de los dos lados del mostrador, porque ocupan cargos públicos pero también son gerentes, accionistas y representantes de las empresas que firman los contratos.

-¿Cómo impacta en lo educativo la avanzada de los valores ligados a este modo de ver la educación?

-Esa forma de privatización tiene que ver no solo con la intención de estas empresas de hacer negocios, sino con la idea de ir imponiendo progresivamente las reglas del juego del mercado en el campo educativo. Aplicar la lógica de funcionamiento de las empresas en el ámbito público. Es decir, fomentar los valores de emprendedorismo, competencia y meritocracia en lo que es el manejo y funcionamiento de lo público.

Lo que está de fondo es una batalla cultural entre dos modelos bien diferenciados, que tiene que ver con ideas bien distintas de la educación y la sociedad. Buscan construir un modelo de sociedad basado en la exacerbación de la meritocracia, el individualismo y el “sálvase quien pueda”, en abandonar la sociedad de derechos por una de privilegios. En esa disputa el rol de la educación es clave.

“EL ESTADO NO SE RETIRA, SINO QUE OFICIA DE MEDIADOR ENTRE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS Y LOS INTERESES DE LAS EMPRESAS. LOS FUNCIONARIOS DEL GOBIERNO ESTÁN DE LOS DOS LADOS DEL MOSTRADOR”.

-En este panorama, ¿cómo encaja la figura del docente?

-Se cuestiona el trabajo de los docentes, se los ataca por parte de las políticas de este gobierno. Se desvaloriza la tarea de enseñanza y se ataca lo público. Se acata una categoría muy fuerte que es la del trabajo. Desde Ctera nos identificamos como trabajadores de la educación, y entendemos que lo que se está haciendo es atacar a los sindicatos. Lo que se busca de fondo es una sociedad de emprendedores y no de trabajadores porque la sociedad de emprendedores va a estar más fragmentada, cada uno va a pelear por su proyecto individual y eso le deja las cosas más fáciles al poder hegemónico para imponer su ideología y la desarticulación de las organizaciones colectivas.

-¿Cual es la importancia de la investigación en el contexto político actual?

-Esto es en el marco del proyecto de la Internacional de la Educación que no solo es de investigación, es una campaña mundial en contra de la mercantilización de la educación que se hace en todo el mundo. Este es un aporte más. En cada país donde se hace, se muestran las distintas caras y maneras en que se manifiesta en cada caso. Nuestra campaña es parte del proceso de resistencia que llevamos adelante porque tiene que ver con la pelea por el presupuesto educativo, y relacionamos el avance privatizador con el ajuste en educación. A su vez, es un material para nuestros delegados y docentes para su formación, para que estén alertas porque la privatización se da de muchas maneras y hay que estar preparado e informado para ver cómo eso se manifiesta.

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El Gobierno suspende Operativos “Aprender” y “Enseñar”: CTERA cuestiona las marchas y contramarchas del Ministerio de Educación.

El Gobierno suspende Operativos “Aprender” y “Enseñar”:
CTERA cuestiona las marchas y contramarchas del Ministerio de Educación.

Desde la CTERA manifestamos nuestra preocupación frente a las marchas y contramarchas que viene dando el Ministerio de Educación en sus decisiones político-pedagógicas; y, en este caso en particular, respecto a la reciente y llamativa decisión de suspender la aplicación del operativo de evaluación para la educación secundaria del año en curso.
En el año 2016, cuando se comenzaron a aplicar estos operativos, nuestra organización gremial salió rápidamente a cuestionar la aplicación de los mismos, entre otras cosas, porque resultaba totalmente antipedagógica la idea de realizar estas pruebas estandarizadas todos los años.
Ahora, viendo lo improcedente de aquella medida es el mismo gobierno quien se desdice y plantea que los operativos se aplicarían cada “dos años”, poniendo en evidencia un preocupante nivel de improvisación en sus políticas educativas y echando por tierra los argumentos que ellos mismo esgrimían cuando presentaban estos operativos para ser aplicados año a año.
Evidentemente, esta media responde a los requerimientos del ajuste estructural en educación, incluso, en el único ítem del área educativa en el que se había incrementado el presupuesto (evaluación). Pero también nos preocupa como organización el manifiesto desconocimiento pedagógico -signo característico de la actual gestión-, al tomar una medida que elimina desde el vamos toda la rigurosidad teórica y metodológica necesaria a la hora de presentar los futuros resultados; aun tratándose de resultados que ya tienen el límite propio de los instrumentos de evaluación basados en la lógica de las pruebas estandarizadas.
En esta misma línea de contradicciones propias del Gobierno, observamos que tampoco se cumplirá con lo comprometido respecto a dar a conocer los resultados del Operativo “Enseñar 2017” que se había aplicado a los estudiantes de Institutos de Formación Docente. La misma Elena Duro, secretaria de Evaluación Educativa, manifestó por los medios que el motivo es que “la muestra no llegó a ser representativa, debido a que contestaron menos estudiantes que los necesarios”. Otro incumplimiento de las propias metas que se fija la gestión actual.
En este contexto, la CTERA vuelve a cuestionar y rechazar los operativos “aprender” y “enseñar” en todas sus modalidades de aplicación, tal como lo hizo desde el primer año de su implementación, como así también exige que no se falte más el respeto a la docencia en su conjunto tomando medidas como estas que dan claras muestras de improvisación, impericia y falta de responsabilidad del Gobierno actual en el planeamiento de sus políticas educativas.
Una política educativa definida para garantizar realmente el derecho social a la educación no puede estar sostenida sobre la base de un modelo permanente de ensayo y error, y menos aún, ser una variable más del salvaje ajuste se intenta imponer en nuestro país.
Queda demostrado que el Gobierno Nacional desinformó a la población sobre el verdadero objetivo de la evaluación, que permanentemente los docentes realizamos en todas las aulas argentinas.
Defendemos una evaluación integral, y sostenemos la tarea pedagógica diaria y la lucha histórica de CTERA por mejorar la Educación Pública.
Exigimos respeto por los/as docentes, respeto por los/as estudiantes, respeto por la Educación Pública.

Buenos Aires, jueves 11 de octubre de 2018

 

Sonia Alesso
Secretaria General


Miguel Duhalde
Secretario de Educación

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Se realizó en CTERA el Encuentro de Educación Superior

Se realizó en CTERA el Encuentro de Educación Superior. 

El día 27 de setiembre se llevó a cabo en CTERA en II Encuentro Nacional de Educación Superior, en un contexto en el que el avance de las políticas neoliberales se expresa tanto en la desarticulación del nivel a escala nacional, como en el ajuste y desfinanciamiento para los programas de formación docente y técnica.

En este escenario, desde CTERA se convocó a docentes y estudiantes de Institutos Superiores con la intención de profundizar el análisis sobre la situación actual, y avanzar hacia la construcción de una propuesta político-pedagógica alternativa.

En el encuentro se analizaron los ejes principales a tener en cuenta en un proyecto para la construcción de un Sistema Nacional de Formación que garantice el derecho social a la Educación Superior, confronte con el proceso de fragmentación que lleva adelante el actual gobierno, y en oposición al avance de la mercantilización y privatización de la educación.

En tal sentido, se presentaron los indicadores de financiamiento que muestran a las claras el ajuste que se está llevando a cabo. Uno de esos indicadores da cuenta que desde la llegada de este Gobierno, el presupuesto para el INFoD se redujo en un 65%.

El otro aspecto analizado tuvo que ver con los ejes donde la política actual produce la restructuración de la formación basándose en la lógica de las “evidencias”, a los efectos de justificar todas las medidas que provienen como recomendaciones del Banco Mundial y el FMI. Entre ellos, el cambio curricular (reorientando los diseños hacia las “capacidades fundamentales”), el planeamiento educativo (ejecutando el cierre de carreras e institutos) y los sistema de evaluación y acreditación (reeditando las políticas de los años 90).

La otra línea de análisis tenida en cuenta en el encuentro fue la Universidad como institución del Sistema educativo. El derecho a la educación superior como un derecho social y colectivo y no como un derecho meramente individual. La articulación Universidad, Institutos, Escuelas.

A su vez, en el encuentro se analizaron los casos puntuales de las provincias donde la reestructuración de la formación docente desde la perspectiva neoconservadora está avanzando de diversas formas. Como es el caso emblemático del proyecto de Unicaba en la Ciudad de Buenos Aires, los cierres de institutos en Jujuy y Mendoza, y el ajuste que se da en la Provincia de Buenos Aires.

Como cierre, los/as participantes de las demás provincias presentaron los diversos panoramas dando cuenta de las grandes diferencias y desigualdades que se están profundizando a escala nacional, como consecuencia de las actuales políticas que llevan adelante los gobiernos nacionales y provinciales.

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Presupuesto de “Cambiemos”: Más Dependencia con el FMI, más represión, menos educación

CTERA repudia la Decisión Administrativa 1605/2018 tomada por el Gobierno de Cambiemos y publicada en el Boletín Oficial del día de la fecha, en la que se establece un incremento del presupuesto para atender los gastos provenientes de organismos como la Policía y las Fuerzas de Seguridad; expresando deliberadamente que estos gastos “se financian con la reducción en los créditos asignados al Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, que corresponden a las partidas destinadas al pago del FONID de Colegios Preuniversitarios.

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CTERA responde a los dichos de Guillermina Tiramonti publicados por el diario La Nación

La CTERA hace pública su respuesta a las agraviantes expresiones hacia el conjunto de la docencia, emitidas por Guillermina Tiramonti, coordinadora del Consejo de Formación Continua de la Provincia de Buenos Aires, en la nota publicada por el Diario La Nación, con el título “romper una espiral destructiva”, el pasado 6 de julio.

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