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Viernes 04 de Noviembre de 2011 18:34

BALANCE Y REFLEXIONES ACERCA DE LOS AVANCES EN LA FORMACIÓN DOCENTE

por  CTERA
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la Ctera participó del Primer Encuentro Nacional de Formación Docente, organizado por el Instituto Nacional de Formación Docente, realizado los días  4 y 5 de octubre en la ciudad de Mar del Plata. 

Durante el encuentro se reunieron en forma conjunta la Mesa Federal, representada por los directores de Superior de las veinticuatro jurisdicciones, y el Consejo Consultivo del INFOD.


La Ley de Educación Nacional, sancionada en el año 2006, plantea que todos los organismos de gobierno del Ministerio de Educación de la Nación deben integrar, en su ámbito, un Consejo Consultivo en el cual tengan participación los trabajadores de la educación a través de sus sindicatos reconocidos a nivel nacional, junto con otros representantes y otras organizaciones que tengan relación con la educación. Uno de esos ámbitos es el Consejo Consultivo, perteneciente al Instituto Nacional de Formación Docente, que se constituyó el 11 de junio 2007.

El Consejo Consultivo es el órgano técnico-político que brinda asistencia y asesoramiento al Instituto Nacional de Formación Docente. La conformación de este Consejo viene a dar cumplimiento a la Ley de Educación Nacional, que en su artículo 77 establece la creación de un ámbito específico para la participación, la consulta  y la construcción de consensos en el desarrollo  de estrategias políticas para la formación docente. Creado además con el propósito de propiciar una cultura institucional participativa y de gestión asociada para la toma de decisiones en los procesos de coordinación, diseño, implementación y evaluación de las políticas de formación docente desde una perspectiva nacional. El Consejo se encuentra integrado por los siguientes miembros: 

• Secretaría de Educación, Secretaría de Políticas Universitarias, representantes del Consejo Federal de Cultura y Educación, representantes del Consejo de Universidades.

• Representantes del sector sindical: CTERA, SADOP, CEA, UDA, AMET.

• Representantes del sector privado: Confederación Argentina de Instituciones Educativas Privadas (CAIEP), Consejo Superior de Educación Católica (CONSUDEC), Junta Coordinadora de Asociaciones de la Enseñanza Privada (COORDIEP).

• Representantes del sector académico: Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS), Miembro de la Academia de Educación.

A cada uno de estos miembros integrantes, se le solicitó que nombrara un representante titular y uno suplente, y enviaran los nombres para que fueran designados por el Ministerio de Educación de la Nación.

La CTERA forma parte del Consejo  a través de las designaciones de María Isabel Ortega (UDAP – Vocal de la Junta Ejecutiva de CTERA) como representante titular, y de Vilma Pantolini (Subsecretaria de Educación y Cultura de SUTEBA) como representante suplente.

En la primera reunión se presentó el Plan 2007 con la identificación de los principales problemas que tiene la Formación Docente en el país, tanto en la formación de grado como en la formación permanente en servicio. En nombre de CTERA, Stella Maldonado, actual Secretaria General de CTERA y la Secretaria de Educación en ese entonces, planteó algunas de las prioridades que se han debatido y consensuado en sucesivos encuentros, tanto congresos educativos como reuniones específicas del área.

Las prioridades planteadas fueron:

• Recuperación de Políticas Nacionales.
• Constitución de todos los ámbitos participativos que consagre la LEN.
• Discusión
de los diseños curriculares para dar cumplimiento al artículo 75 inc. b), que establece un piso de cuatro años de duración para las carreras de formación docente.
• Necesidad de discutir en simultáneo la organización del trabajo y la organización institucional para tomar integralmente la problemática de la Formación Docente.
• Necesidad de garantizar políticas universales para hacer efectivo el derecho a la formación permanente en servicio.
• Revisar la normativa de acreditación y formular una nueva normativa para asegurar la auto-evaluación de los institutos (Art. 78 de la LEN).

• Democratización de los ISFD: está fuertemente relacionada con la autonomía y la posibilidad de participación de los estudiantes en la toma de decisiones. Es un espacio pedagógico donde se formarán los docentes y que se materializará en las características profesionales de los mismos.

Los sindicatos tuvimos que dar una ardua discusión, pero logramos revertir la tendencia profesionalizante que se observaba en los documentos que habían sido abordados por el INFOD hasta el momento en que se forma el Consejo Consultivo, y plantear la dimensión que cobra para los docentes ser considerados trabajadores de la educación. Cuando hablamos de trabajador, lo hacemos en un sentido superador con respecto a la profesionalización, trabajador en términos de productor de conocimiento, un trabajador que trabaja con la cultura, que es capaz de sistematizar la reflexión que hace sobre su trabajo y que produce conocimiento sobre su labor específica, que es la enseñanza. Que esté además en un nivel de igualdad con respecto a aquellos que desde su trabajo teórico producen conocimiento acerca de la educación, partiendo de la base de que el trabajador docente construye pedagogía desde la práctica. Una dimensión clara de esto puede observarse en los documentos que se aprueban y forman parte del Consejo General, donde se comienza a hablar del trabajo docente como un elemento sustantivo y a tomar la triada organización  institucional, organización del trabajo y organización curricular para el desarrollo de los currículum.

Esto es importante porque son  posicionamientos  construidos históricamente desde CTERA, como el reconocimiento de que la jornada de trabajo docente excede las horas frente a clase, y que son necesarias horas en la organización institucional destinadas al planeamiento de la enseñanza, la reflexión sobre la práctica, el análisis de los procesos de aprendizaje realizados con los estudiantes y las estrategias de enseñanza desplegadas.  

En el marco de una construcción de políticas educativas, que se manifiesta en el funcionamiento del consejo consultivo y de la mesa federal, ambos órganos creados en la nueva ley de educación, se han alcanzado de forma participativa muchos de los planteos realizados en la primera reunión. Estas cuestiones posteriormente se plasmaron en un piso de normativas, que se vincula con el sentido de la educación en relación al modelo de país, y a la consideración de los estudiantes que se forman para ser trabajadores de la educación. 

En el último tiempo se está gestando un nuevo paradigma en la política social argentina, que aporta una nueva concepción de la justicia social en relación a la infancia y en las consiguientes políticas que lo acompañan. Ello comienza a tener reflejo en la estructura institucional del Estado, en sus diversos niveles de gobierno y en la calidad de vida de la población. 

Bajo el nuevo paradigma, y luego de los procesos descentralizadores, privatizadores y focalizadores de la política social iniciados a mediados de los ‘70 y profundizados en los ‘90, el Estado está recuperando su rol indelegable como garante de los derechos en un país federal, con una clara apertura de políticas históricamente sectoriales y destinadas a unos pocos, y con la posibilidad de articular programas que al ser más amplios y consistentes, redundan por ende, en una mejor asignación de recursos.

La Asignación Universal por Hijo, por la cual militamos durante años desde la CTA, es una de las medidas vertebrales que acompañan este nuevo paradigma, pero no es la única, también hay otras que manifiestan un cambio en el alcance de la función distributiva del Estado, a saber: la sanción de una nueva Ley de Educación Nacional[1], el Plan Nacer en materia de salud, la sanción de la Ley Nacional de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia (con la consiguiente derogación de la Ley de Patronato sancionada en el año 1919), la restitución del Consejo del Salario y la moratoria previsional (permitió la jubilación de miles de nuevos jubilados), la Asignación por Embarazo para Protección Social, entre otras.



[1] Esta sanción significó además la derogación de la Ley Federal de Educación, una de las naves insignias de las políticas neoliberales implementadas por Menem durante la década del 90.


Ultima modificacion el Miércoles 16 de Noviembre de 2011 19:57