La orden de detención incluye a la Cacica Maria Lilia Delgado y a la consejera Cintia Ovejero. Para cumplir con la orden intervino el fiscal Guillermo Herrera, y viernes 27 la policía tucumana realizó un importante operativo que ingresó, desde Salta, a la Comunidad Indio Colalao, en el operativo la policía entró a varias viviendas y destrozó las pertenencias de los comuneros. Así, después de violentar su casa, detuvieron a Beco Mercado, y lo maltrataron frente a su familia; luego de varios traslados lo llevaron a la ciudad de Tucumán, donde lo hicieron declarar representado por un letrado oficial, sin esperar a su abogado defensor. También detuvieron a Manuel Pastrana, sin informarle hacia dónde lo llevaban, ambos son familiares de Cintia Ovejero.

El sábado a la tarde, los policías regresaron, dispararon balas de goma y entraron a la casa de la familia Tolaba, desconociéndose hasta el momento su situación. En declaraciones a la Red Nacional de Medios Alternativos Cintia Ovejero volvió a expresar con convicción que "no van a lograr callarme. Ni siquiera si me matan, porque mientras haya un hermano nuestro dispuesto a pelear por nuestra identidad, la lucha continuará."

Ya hubo un intento de desalojo el pasado 4 de julio, cuando unos 300 policías ingresaron violentamente a la comunidad, los policías dispararon tiros al aire, también golpearon a los pobladores, y a la noche abandonaron la comunidad dejando una guardia, esa vez no hubo heridos de gravedad ni detenidos. Sin respetar la ley 21160 de Emergencia en posesión y propiedad de las tierras de los pueblos originarios. Miembros de la Comunidad Indio Colalao, afirmaron que se denunció estos hechos en el INADI, y en organismos provinciales y nacionales como la Secretaria de Derechos Humanos de la Provincia.

El presidente de Agro Avance SA es José Eduardo Posse cuñado del ex-vicegobernador y actual legislador provincial Sisto Terán Nougues y la empresa Zanja Honda SA encabezada por Moreno Núñez Vela- empresario de la localidad boliviana de Santa Cruz de la Sierra- comparten agronegocios en esa zona del NOA.

Desde esta Secretaría expresamos nuestra preocupación y el repudio ante el violento allanamiento y los desalojos de pobladores originarios de Tucumán. De esta manera exigimos el cumplimiento de la ley 21160, prorrogada por la ley 26554 que suspende la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos, cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las tierras de los pueblos originarios